“Quiero apuntar que aunque este análisis se hizo para el sistema mexicano, puede hacerse respecto de un enorme número de países, pues tristemente existimos muchos pueblos secuestrados”
Como el título lo anuncia, este ensayo versa sobre la libertad, un principio fundamental de los seres humanos en un estado de derecho. Este concepto se ha vendido como el bien más preciado que puede poseerse, tanto que, teniéndolo, se sufren menos las carencias.
La libertad es uno de los pilares en los que se basa el sistema jurídico, ya que este históricamente se ha desarrollado sobre las garantías de igualdad, libertad, seguridad jurídica y propiedad. No obstante, para someter a juicio la existencia de este bien tan preciado, primero debemos rescatar su significado original. Para ello, es útil lo señalado por Robert Filmer, quien la entendió como: “La facultad que tienen todos de hacer lo que bien les parece, de vivir según les place, y de no encontrarse trabados por ninguna ley.” Puede advertirse que esta concepción no guarda relación con nuestra realidad estatalista, pues es evidente que no contamos con la facultad descrita. Nos hemos sometido "voluntariamente" a un sistema de gobierno en el que se formulan normas de conducta y se impone su cumplimiento.
Respecto a esto, John Locke propuso un concepto de libertad para la persona en sociedad, el cual consiste en “la facultad de seguir mi propia voluntad en todo aquello que no esté determinado por esa regla —la ley—; de no estar sometido a la voluntad inconstante, insegura, desconocida y arbitraria de otro hombre…” Conforme a esta idea, Locke consideraba que la libertad en sociedad reside en la generación de leyes producidas por el poder legislativo, al que nos hemos adherido. Tenemos la facultad de hacer todo lo que no esté legislado, o de obrar dentro del margen impuesto. Esto, al mismo tiempo, dota de certidumbre, pues únicamente ese cuerpo puede normar la conducta, lo que evita la arbitrariedad.
Una vez establecidas estas consideraciones, resulta pertinente analizar en qué medida poseemos libertad respecto a la seguridad en la creación de las leyes. Para ello, expondré la función política por medio de la cual se desarrolla el ejercicio del poder en nuestro país, por mencionar un ejemplo. Sabemos que el poder político se elige por medio del sufragio. Sin embargo, debe señalarse que el sistema electoral mexicano no contempla elecciones primarias, lo que implica que los partidos políticos impongan las opciones a elegir en la boleta, actuando como auténticos factores de poder.
Además, por si no fuera suficiente que el sufragio sea una ratificación de lo ya impuesto por los partidos políticos, la voluntad popular se diluye aún más. El partido en el poder continúa compitiendo en las elecciones y, para ello, hace uso impunemente de la maquinaria del Estado, sin mencionar el financiamiento ilícito que recibe toda fuerza política.
Es cierto que existen autoridades para investigar y sancionar las conductas descritas, pero analicemos brevemente su origen. En México, la autoridad electoral es el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Hasta hace poco, los integrantes del Instituto, al igual que los magistrados del TEPJF, eran elegidos por la mayoría calificada del Senado, lo que significa que los árbitros que vigilan y sancionan a los políticos eran impuestos por los propios políticos.
A raíz de una reforma constitucional reciente, los magistrados electorales y los demás integrantes del Poder Judicial de la Federación serán electos por voto popular. No obstante, el poder legislativo, ejecutivo y judicial tienen la facultad discrecional de elegir a los candidatos, lo que se resume, nuevamente, en un sufragio de ratificación. De lo anterior se entiende que el partido que obtenga el mayor número de votos, mediante el despliegue de recursos ilícitos, también podrá elegir a los candidatos a magistrados electorales y, en el Senado, nombrar a los integrantes del INE.
Lo preocupante radica en que el INE y el Tribunal Electoral son los órganos que califican una elección. En 2024, se validó una sobrerrepresentación en el Congreso, lo que ha permitido al partido en el poder realizar una infinidad de reformas constitucionales. Estas solo pueden realizarse con el voto de dos terceras partes del Congreso, ya que reforman la estructura del Estado, siendo la Constitución su base.
Recapitulando, las élites han ido "brincando" los frenos que constitucionalmente se habían plasmado para evitar la concentración de poder y, por ende, la arbitrariedad. Durante mucho tiempo, quien llega al Ejecutivo también se lleva el Congreso y, a su vez, las autoridades electorales, lo que le garantiza permanencia. La enorme acumulación de poder descrita permite a quienes lo detentan actuar arbitrariamente, pues se han aprobado un gran número de reformas constitucionales sin siquiera discutirse en el Colegiado.
Hasta hace poco, existía un freno para dicha arbitrariedad: los jueces de este país tienen la facultad de estudiar la constitucionalidad de las normas para determinar no aplicarlas si son contrarias a los derechos humanos. Incluso la Corte tiene la facultad de declarar dichas normas inconstitucionales y, por lo tanto, inválidas. Sin embargo, con la reciente reforma constitucional, todos los jueces serán electos por voto popular, lo que implica que llegarán de la mano del partido que gane el Ejecutivo y el Legislativo, recordando además que son estos últimos quienes "dibujan" la boleta judicial.
Sobre lo anterior, vale la pena invocar un ejemplo de cómo actuaba la Corte en el ejercicio de la división de poderes antes de la reforma judicial. En el sexenio anterior, el Congreso aprobó una ley que adscribía a la Guardia Nacional a la SEDENA, lo que básicamente consistía en militarizar a la policía civil. Ante esto, la Corte declaró dicha ley inconstitucional y quedó sin efectos. Me sorprendería enormemente que una Corte electa en las condiciones actuales pudiera imponer esos frenos al poder.
Una vez que el partido en el poder consiguió el Ejecutivo, el Tribunal Electoral y, con ello, la mayoría absoluta del Congreso, se propuso conseguir el poder judicial y los órganos autónomos. Actualmente, el pueblo mexicano se encuentra sometido al arbitrio de un solo grupo político que domina cada esfera de poder imaginable, lo que le da la facultad, como lo ha hecho, de reformar a placer la Constitución e imponer reglas arbitrarias. Un ejemplo de esto es que, después de la reforma judicial, ya se aprobó la adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA, concretando la militarización, sin mencionar que se pretende realizar reformas al sistema electoral para hacerlo aún más cerrado.
De este análisis se concluye que el constitucionalismo y la democracia se han pervertido, y que al día de hoy, el pueblo mexicano está secuestrado. Un secuestro cuyas posibilidades de liberación se reducen con cada reforma constitucional aprobada mediante la “libertad social” por medio de la cual nuestros gobernantes nos regulan. Lo irónico del caso es que es a través de la idea de libertad en sociedad que se nos está secuestrando.
Por último, lamentablemente quiero señalar que, aunque este análisis se hizo para el sistema mexicano, puede aplicarse a un enorme número de países, pues tristemente existen muchos pueblos secuestrados.
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