En teoría, todas las universidades tuvieron que desplazarse hacia una modalidad de estudios que antes del coronavirus era impensable.
Allá, por el 2020, en un breve artículo de
opinión enfatizamos los roles de juego de la política educativa peruana en la que
se vio envuelta la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (SUNEDU). Cuatro años después las cosas no parecen haber
cambiado.
Para entonces, nuestra exposición provino de la
experiencia de ver arrebatada toda posibilidad de continuar con la propia
educación universitaria. Básicamente, en el 2019, SUNEDU denegaría la licencia
a la Universidad Privada Telesup, con lo cual la institución tendría que
iniciar con su proceso de cierre. Esto sería un hecho que influiría en el
futuro de todo su estudiantado. Si bien, en su momento, fue traumático ver
tiempo y esfuerzo perdido, la supuesta buena voluntad de los representantes
políticos por mejorar la calidad educativa peruana tuvo como consecuencia
cierto tipo de racionalización para justificar la propia frustración.
Sin embargo, el advenimiento de la pandemia por
coronavirus y las consecuentes medidas restrictivas cambiaron las reglas del
juego también en la educación. En este sentido, podemos mencionar que la
principal medida en torno a políticas educativas fue la virtualidad. En teoría,
todas las universidades tuvieron que desplazarse hacia una modalidad de
estudios que antes del coronavirus era impensable. La brecha digital que
existía en ese momento hizo imposible que esta medida sea aplicable
eficientemente de forma inmediata.
La virtualidad como tal era en realidad una modalidad
incluso vista prejuiciosamente. Pero, esta se hizo necesaria ante la crisis
sanitaria, principalmente, por la exigencia de una opción de educación que
demandaba la sociedad peruana. Si enfatizamos esto último, lo que pasó en
realidad es que el pueblo obligó al Estado a, por lo menos, reducir la brecha
digital y de alguna manera encaminarnos dentro de la nueva era digital. En
realidad, esto era completamente necesario incluso antes de la pandemia, solo
que no éramos totalmente conscientes de eso para entonces.
Al ser esta modalidad de estudio aplicada a la
educación universitaria, aquella se convirtió en un recurso que facilitó la
continuidad de la universidad con licencias denegadas por SUNEDU. La
justificación, en la práctica, era que aquel lapso que se establecía
inicialmente para el cierre de las universidades no licenciadas había sido
interrumpido por la pandemia por coronavirus.
Es decir, todas las universidades ante la pandemia tuvieron que cancelar
sus servicios educativos en un primer momento. En este sentido, tanto
universidades licenciadas como denegadas trabajaban en aparente igualdad de
condiciones y lo que las diferenciaba era esa imagen que por el tema de la
crisis sanitaria se subordinaba y olvidaba cada vez más, la de ser una “universidad
no licenciada”.
Empero, esta imagen no es lo más importante, sino la
reflexión que podemos hacer desde el presente. Primero, si la modalidad virtual
antes de la pandemia era mal vista, ¿por qué hoy sigue siendo una de las más
usadas desde entonces? Parece ser que la estructura del problema no recae en la
modalidad, sino en los recursos que demanda el Estado tanto desde sus propias
fuentes, como de aquellos que se exigen a las universidades privadas para su
correcto funcionamiento. Lo cual no implica que se haya superado la brecha
digital por completo. Segundo, ¿cómo es que hoy varias de las universidades no
licenciadas siguen funcionando? El proceso de cierre fue extendido por motivo
de la pandemia y de la supuesta dificultad que acarreó la responsabilidad de
tales universidades para que su alumnado termine en el plazo preestablecido o,
por lo menos, para direccionar a sus estudiantes a universidades licenciadas
para que estos puedan seguir estudiando.
Lo que hoy se sabe es que todavía existen pugnas para
que tales universidades tengan la posibilidad de volver a pasar por un proceso
de licenciamiento. Esto se da en medio de los debates en el congreso peruano
sobre el correcto funcionamiento de la SUNEDU. Esto debido, principalmente, a
irregularidades en el proceso de licenciamiento de algunas universidades que
perceptiblemente no cumplirían las condiciones básicas de calidad y de lo “anecdótico”
que resulta el que se pueda asociar a varias universidades con el nombre de
quienes detentan el poder, siendo así juez y parte.
Entonces, ¿para qué se inició todo este proceso de
denegación de licencias? Tendemos a pensar que la estructura de la política
educativa que, en la práctica, es la que realmente pone las reglas del juego
bajo sus propios intereses tuvo como primera intención un proceso de selección
no tan natural, un proceso de expiación de las universidades económicamente
menos competitivas y con menor asociación política. Todo esto bajo el
estandarte de la mejora de la calidad educativa, lo cual no implica negar que
este como ideal sea más que justificado, pero, a la vez, no es una posición
verdaderamente crítica si es que no se atiende a las bases materiales sobre las
cuales se construye tal ideal. Lo que verdaderamente preocupa es la macroestructura
sobre la cual se quiera edificar este tipo de proyectos. Lo que podemos seguir
viendo en el mapa educativo universitario peruano es que universidades que no
cumplen las “condiciones básicas de calidad” exigidas por SUNEDU siguen
funcionando y extendiéndose “la vida” como son los casos de la misma
Universidad Privada Telesup, Universidad Alas Peruanas y la nueva renombrada
Universidad Garcilaso de la Vega.
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