REPORTAJE COMUNITARIO - Elecciones del Poder Judicial: Crisis en la división de poderes

 


No sé si es novedosa o no una elección judicial, pero lo que poco tiene de novedoso y mucho tiene de conservador es el absolutismo y, a fin de cuentas, la concentración de poder. Y eso sí, ya tenemos mucha referencia histórica de qué es lo que pasa cuando nos vemos en esas situaciones.


El día de hoy, primero de junio de 2025, se ha llevado a cabo en México una jornada electoral que ha sido catalogada por diversas autoridades y medios de comunicación como histórica e innovadora. Sin embargo, a lo largo de todo el proceso electoral se han gestado dudas, controversias y desacuerdos por parte de la sociedad civil, quienes han cuestionado no solo la legitimidad del proceso democrático, sino también las bondades que el oficialismo le ha otorgado desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.


Hoy, en este espacio de crítica y reflexión histórica y política, comparto una breve conversación que tuve con Lorenzo Hernández Hernández, estimado camarada y licenciado en derecho, versado en los escabrosos terrenos del proceso electoral y los engranajes del Poder Judicial en nuestro país.


Antes de presentar la charla, me gustaría aclarar que El Temporal NO mantiene filiación alguna con el oficialismo o la oposición. Nuestro compromiso es, sin duda alguna, con el pensamiento crítico expresado en un ambiente de respeto y pluralidad. Es así como traer estos temas a nuestro espacio no supone proselitismo de ningún tipo, sino que permite acercarnos al diálogo y a la reflexión. Votar o no votar es tu decisión; pero eso sí, no nos mantengamos al margen del ejercicio político que necesita este país, no creamos que depositar un voto en las urnas es el fin de nuestro ejercicio en la democracia.


Adelante con la charla:


Francisco Peralta (FP): Primero, una pregunta que me brotaba era: ¿Cuál es tu opinión respecto a los comentarios que se han hecho en torno a la elección sobre su carácter “único” e “histórico”?


Lorenzo Hernández (LH): Bueno, histórico sin duda es, porque sí es cierto que en México nunca ha habido una elección de este tipo. En el periodo centralista sí hubo elecciones, pero de las judicaturas, aunque indirectas, a fin de cuentas. Era una especie de democracia de segundo nivel; esto sí no se ha visto, pero no porque no se haga en ninguna parte del mundo significa que la innovación vaya a ser para bien, porque a lo mejor lo innovador es el mecanismo, pero nada tiene de nuevo ni de inédito la toma de Estado, que es a fin de cuentas lo que está pasando. No tiene nada de nuevo que se pretenda que los grupos que ostentan el poder, apoyados de muchos otros factores del poder, se ve que incluso detrás de todo esto estuvo Televisa creciendo la campaña de Saldívar, que es el artífice de la reforma judicial. Entonces, esto no tiene nada de novedoso; ver que el grupo en el poder y los demás poderes fácticos se roben el otro poder del Estado para romper con la división de poderes no tiene nada de nuevo, al contrario, tiene mucho de conservador y de ya visto en México a lo largo de muchas épocas.


Porque a fin de cuentas es eso; ahorita lo que cambia es la excusa, la excusa de la democracia, pero a fin de cuentas es demagogia porque se está ocupando como un engaño para hacerle creer a la gente que está votando por algo que no está votando, porque una característica del voto es que sea informado. Aquí, ¿cómo puede haber un voto informado si la gente no sabe ni qué cargos son, ni quiénes son, ni qué hacen? Esa es una. La otra es que, a fin de cuentas, no es un voto, porque una votación implica elegir entre una opción u otra y, aparte de que aquí falta un voto informado que hace imposible discernir entre A o B, los candidatos ya están preseleccionados, entonces es ratificación. Por eso, de novedoso tiene el método, pero lo que hay detrás es viejo y conservador.


FP: Muy bien, hablabas de un “golpe de Estado”; a ver, me gustaría que profundizaras en esa parte y también nos dieras tu opinión sobre las implicaciones de esta elección para México si es que el oficialismo toma el control de los tres poderes.


LH: Bueno, ¿por qué es un golpe de Estado? Pues porque la forma de gobierno bajo la cual nace este país es la de República representativa, democrática, laica y federal con división de poderes. Entonces, en el momento en el que se destruye la división de poderes ya podemos hablar de un golpe de Estado. Además, es evidente en este caso porque, como te decía, no es una cuestión meramente reformista de mejorar una institución, sino que, por el contrario, todos los jueces de este país fueron cesados; unos salen ahorita en 2025, la gran mayoría, otros salen en 2027, pero todos los jueces de este país fueron cesados, y eso lo que supone es eliminar uno de los tres poderes del Estado, que era el sistema de frenos y contrapesos.


Y sí cambia todo el sistema de Estado porque, si el Poder Judicial ahora es de los mismos que van con el Poder Ejecutivo, porque son los que tienen el apoyo popular, movilización electoral y los allegados al partido de Estado, a fin de cuentas, no le van a poner ningún freno ni contrapeso a las decisiones del Poder Ejecutivo, que era precisamente una de las partes muy nobles del poder judicial, que es la judicial review o control constitucional judicial, que consistía en que los actos de otros poderes pudieran ser revisados por el Poder Judicialy echados atrás si se determinaba que eran contrarios a la Constitución o a los derechos humanos; eso ya no va a pasar.


¿Consecuencias de esto? Yo creo que le pone un gran pie a la alternancia; difícilmente va a cambiar esto. Algo así como el partido único de Estado que ostentaba el PRI en los años 70, pero, además, ahí, si nos vamos al pasado, antes de 1847, antes de la figura del amparo, porque el amparo es la herramienta por medio de la cual cualquier ciudadano acude al Poder Judicial para combatir un acto de autoridad arbitrario. Pues, si el Poder Ejecutivo viola tus derechos humanos, vas con el Poder Judicial y está obligado a resolverte conforme a la ley y, si no hay bronca, ahí no es como quiera; ese es, a fin de cuentas, el trabajo judicial. Sin embargo, si tú vas a buscar justicia en un tribunal por medio del juicio de amparo queriendo una suspensión de un acto del Poder Ejecutivo, pero resulta que ahora los jueces son los que puso ahí ese mismo poder, pues difícilmente va a haber esa defensa de derechos humanos.


Si a quien se le va a condenar es a quien te puso ahí, al Estado, pues difícilmente se te va a defender de él.


FP: Claro. Ahora me gustaría preguntarte sobre el desarrollo del proceso electoral. ¿Consideras que es inherente a este tipo de elección la complejidad que se ha visto en la jornada del día de hoy?


LH: La verdad es que yo creo que simplemente no importó. A fin de cuentas, si lo que pretendes es una elección, se hubieran buscado boletas normales. Yo creo que la intención no es para nada esa, para nada es la de ir a votar, por eso también una boleta como esta en la que ni siquiera importa el candidato. Tú ves y dice “PE: Poder Ejecutivo, PL: Poder Legislativo y PJ: Poder Judicial”, y esos, los del PJ, ni siquiera son los que eligió el Poder Judicial porque el comité renunció. Entonces, la complejidad es una consecuencia de que esto no importe, de que sea una simulación, y ahí es donde está la parte de la demagogia. Pues lo triste de todo esto es que la gente cree que está ejerciendo la democracia cuando se les está quitando sus derechos político-electorales y orillando horriblemente al absolutismo.


FP: Sí, las boletas eran particularmente complejas; en solo dos de ellas yo llegué a contar más de 100 personas. Y, en ese sentido, me gustaría preguntarte: ¿Consideras que hay alguna ventaja real en este cambio tan radical en el Poder Judicial frente a la crisis de justicia y seguridad que afronta nuestro país?


LH: La verdad es que yo creo que no, ninguna. Pasa que los grandes problemas en el sistema de justicia no son en la judicatura; vienen desde antes. La primera instancia con la que una persona se topa en la búsqueda de justicia son las fiscalías, hablando del caso penal. En las fiscalías es donde se atoran la gran mayoría de los procedimientos porque muy pocos de ellos llegan al juez.


¿Y por qué? Porque es bien sabido que el MP recibe una lana para esto, para lo otro. Entonces, ahí hay una confusión con la que también se jugó con la gente que desconoce este proceso porque el gran tema está mucho antes; un caso que llega a judicializarse, pues ya estamos del otro lado, ya estamos en un lugar mucho más de derecho que en ese primer momento de las fiscalías y las policías, que además o son autónomas o dependen del ejecutivo en muchos estados.


Ahora, ¿la elección de los jueces qué mejora podría tener? Yo creo que tampoco ninguna, porque, si en ningún lado del mundo se hace esto, es que la lógica de un juez no es la popularidad. El juez no resuelve lo que a todo el mundo le gusta, al contrario, el juez defiende a las minorías, a los casos particulares.


Imagina que colocas un amparo contra una ley que aprobó el Congreso y era lo que les molestaba porque decían: “¿Cómo es que un solo juez echa para atrás una decisión del Congreso, que son tantísimos y además de toda la voluntad del pueblo de México?” Pero, a fin de cuentas, lo que se está protegiendo son los derechos de ese individuo que recurrió a la justicia. Entonces, de ninguna forma se puede compaginar una auténtica función judicial, que es impopular por naturaleza, pues busca proteger a las minorías, con lo electoral, que busca a la gran mayoría.


Además de que ahora, con este cambio, los jueces y magistrados duran nueve años en su encargo; plazas que eran indefinidas y con buen salario, lo que ayudaba a evitar que se corrompieran, además de que les estaban cambiando constantemente la adscripción.


Ahora no, ahora son nueve años y siempre con la misma adscripción. O sea, el juez penal de Sinaloa, por ejemplo, va a estar ahí todo su periodo y cómo le va a ir en un riesgo de corrupción activo, tanto por él, que solo va a estar ahí nueve años y necesita sacar lo que sabe que ya no va a poder tener de jubilación y sabe que puede no contar de nuevo con la suerte de volver a salir en la tómbola y de que la gente lo vuelva a votar; además del riesgo pasivo, que es el de que la gente de Sinaloa que tenga ciertos intereses le va a saber llegar y él no va a estar en ningún otro lado más que ahí, así que le va a tocar aceptar.


FP: ¿Qué sigue para lxs ciudadanxs mexicanxs hayan ido o no a votar el día de hoy?


LH: Es una cuestión muy complicada porque tiene muchas aristas. Viste que apareció votando AMLO y hasta se aventó un discurso, lo que parecía improbable, y, a fin de cuentas, yo lo que interpreto de esa aparición es que le está inyectando un poco más de legitimidad porque ese hombre es todo carisma y sí llegó diciendo verdades. Por muchos años tuvo una lucha auténtica y, bueno, ya que llegara y lo utilizara todo a peor es otro cuento. Sin embargo, logró ganar a través de los años una legitimidad enorme y el hecho de que aparezca ahorita, pues yo creo que nos habla de que esto se está desgastando.


¿Qué sigue para el ciudadano? No lo sé, porque en cuestión de acciones de inconstitucionalidad y de amparos yo creo que se viene para mal. Desde que se tomó buena parte del poder en el Congreso, con la sobrerrepresentación ilegal que avaló la sala superior, ha habido una serie de cambios interesantes en los órganos de justicia que tienen que ver con la acción de inconstitucionalidad como la CNDH.


La CNDH normalmente promueve muchas acciones de inconstitucionalidad en beneficio del pueblo porque precisamente es un medio de control constitucional que es abstracto, abstracto porque no le afecta directamente a quien lo promueve; lo hace por el beneficio social. Entonces, desde que está por ahí Rosario Robles, ninguna acción de inconstitucionalidad interesante viene de la CNDH.


Ahora imagínate cuando sean los ministros de la 4T. Si de plano no llegan, aparte si llegará algo, difícilmente se resolvería un medio de control constitucional, ya sea la acción o un amparo en beneficio del individuo; difícilmente se va a resolver en contra del Poder Ejecutivo o legislativo.


Comúnmente, por el amplísimo esquema de facultades del ejecutivo, son los que mayormente violan el derecho humano, pero un juez que lo puso ahí el comité del ejecutivo con sus facultades discrecionales yo creo que tiene bien clara la instrucción de no resolver en contra del Poder Ejecutivo, así se trate de un ciudadano que, por medio del amparo, contraviene un acto de autoridad que le violenta su esfera de derechos humanos.


Esa es una. Otro riesgo, la alternancia. Eso sí hacía falta cambiarlo. Hasta ahora, a los magistrados electorales los elige el Senado por una mayoría calificada; normalmente no están a la par de la elección del ejecutivo, todos van cambiando y puede darse la casualidad, que ha pasado mucho, de que está un ministro o un magistrado de la sala superior que nombró el presidente anterior. Entonces, ahí se puede lograr un poco más de freno y contrapeso.


Pero si en la elección el partido que tenga el respaldo popular gana el ejecutivo, el legislativo y, además, sus comités ponen a los candidatos del poder judicial, pues ya tienen ahí todo el Estado; ya tienen a los tres en el bolsillo. Los electorales se evitan la alternancia, resuelven las elecciones y, por si fuera poco, los órganos autónomos también se despiden; los más importantes ya en secretarías de Estado, que dependen directamente de la presidenta.


Entonces, ¿qué va a pasar en septiembre? Que van a tener todo el pastel; no se conformaron, todo el Estado para los mismos.


No sé si es novedosa o no una elección judicial, pero lo que poco tiene de novedoso y mucho tiene de conservador es el absolutismo y, a fin de cuentas, la concentración de poder. Y eso sí, ya tenemos mucha referencia histórica de qué es lo que pasa cuando nos vemos en esas situaciones.


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